Un gran problema que atañe a las sociedades modernas de América Latina, es la repercusión por parte de industrias manufactureras y de comercio internacional que se ven beneficiadas de ganancias económicas sin importarles la afectación directa e indirecta que recibe nuestro medio ambiente.
Reportes recientes emitidos por la comunidad científica internacional como lo es la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) nos demuestran que el estado actual de deterioro ambiental es atribuido a diferentes factores sociales, mismos que determinan las acciones para enfrentar la crisis ambiental en un ámbito internacional.
Es importante recordar que nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos se encuentra consagrado en el Artículo 4o de la Constitución Mexicana y en diferentes Tratados Internacionales, tales como lo son el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)
Asimismo guarda relación con desarrollo sustentable previsto en el Articulo 27 Constitucional que busca la conservación de los elementos naturales, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico, en beneficio no sólo de los individuos en el presente, sino también de las generaciones futuras.
Nuestro sistema jurídico mexicano incluye un amplio catálogo de leyes federales, generales, estatales y normas municipales sobre los mismos temas, que se aplican a través de un complejo sistema de competencias y concurrencia regulado por el artículo 73 Constitucional. Todas las personas dependemos del medio ambiente en el que vivimos. Un entorno adecuado, seguro, saludable y sostenible resulta esencial para el desarrollo adecuado de los seres humanos, así como para el pleno goce y ejercicio de diversos derechos humanos. A su vez, la protección de los derechos humanos implica la protección del medio ambiente (ACNUDH, 2018).
Los estados deben de prever acciones para contra restar el l cambio climático, ya que este se constituye como una amenaza para la vida de las personas y el medio ambiente donde estas radican. Las consecuencias de este fenómeno son cada vez más graves: desde el aumento de la temperatura global y la subida del nivel del mar, hasta el deshielo de masas glaciares en el Ártico y la extinción masiva de especies.
Como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección del derecho humano a un medio ambiente sano se debe materializar en diversos instrumentos convencionales relacionados con temas como el cambio climático; el comercio de especies silvestres amenazadas; la conservación de la diversidad biológica.
