La sociedad mexicana está viviendo en tiempos sin precedentes debido al coronavirus. Esta pandemia azota la economía mundial y agita la estabilidad de millones de individuos alrededor del mundo.
Mientras que en universidades como las que atiendo, la histórica ventaja y el tradicional elitismo de sus estudiantes facilita la suposición de que sus alumnos podrán continuar su educación a distancia, el sistema educativo mexicano no puede permitirse lo mismo.
A pesar de los avances de las últimas décadas en materia tecnológica, el rezago educativo que existe en comunidades de bajos recursos difícilmente puede sucumbir con la transición necesaria a métodos educativos a distancia. Iniciativas gubernamentales que promueven el trabajo en casa pueden capacitar alumnos y docentes hasta cierto punto, pero no son la solución definitiva.
La penetración del internet se limita al 65.8% del total de viviendas nacionales, y además mexicanos encuestados declaran que el principal problema es la lentitud en que éste transfiere la información (Islas). El estado de la educación mexicana se encuentra en peligro de ralentización.
El acceso a una computadora capaz de realizar videollamadas, internet estable, o simplemente el tiempo para responder a correos electrónicos y demostrar trabajos físicos de una manera cibernética es restringido a las clases más pudientes. Para efectuar un cambio que tenga un impacto en el sistema educativo mexicano es necesario que el rol de la igualdad de oportunidades no sea infravalorado.
Para proveer docentes, alumnos, y familias con los recursos necesarios durante esta pandemia, oficiales gubernamentales deben priorizar la creación de programas y subvenciones que extiendan el derecho a la educación, no solo lo transformen digitalmente para unos pocos.
La promesa del gobierno mexicano en volver este otoño con un sistema “adelantado en término de años” reconoce que tanto alumnos como docentes se han adaptado a la experiencia educativa a distancia en las últimas semanas, pero no reconoce quiénes son estos alumnos. Por un lado, solo alrededor del cuarenta por ciento de los hogares mexicanos cuentan con una computadora (Mireles), haciendo imposible el aprendizaje de una gran mayoría de alumnos.
Por otro lado, la falta de un recinto educativo físico obliga a padres de familia a exponer a las personas mayores con sus hijos más pequeños, y si los padres pueden permanecer en casa, el número de distracciones y estrés que reciben opacan su posibilidad de facilitar procesos de aprendizaje (Ornelas).
Los docentes tampoco son reforzados para enseñar en estos términos nuevos: sus contratos no incluyen enseñanza en línea o compensación por el internet o dispositivo que utilicen (Mireles). La motivación para que continúen su trabajo a distancia legítimamente faltaría.
Por lo tanto, el hecho de que exista participación docente, al punto de 800 mil beneficiados (Gobierno) no solo es remarcable, sino celebratorio. Sin embargo, no hay seguridad de que los alumnos a quienes sean dirigidas estas iniciativas sean afectados equitativamente.
Para garantizar que esta pandemia no profundice la brecha de desigualdad económica, será pertinente extender el acceso a plataformas accesibles en zonas rurales, comunidades indígenas o colonias urbanas con altos niveles de pobreza. Si el gobierno mexicano se enfoca en controlar estas diferencias de oportunidades, crecerá la confianza hacia esta administración y futuras reformas educativas tomarán en cuenta los desafíos de distintas comunidades más democráticamente.
El acceso a plataformas en línea no es una nueva idea de la SEP, ya que existen más de 140 programas educativos cubriendo educación básica y media superior en formato televisivo (gobierno); sin embargo, el internet es un campo nuevo.
El programa ‘Aprende en Casa’ tiene el mismo objetivo que sus predecesores televisivos en cuanto a su alcance se trata, pero su diseño posee fallas, es deficiente, no todo el país tiene acceso a él y sus temas no son siempre relacionados al plan de estudios (Cortez). Prácticamente, no es una herramienta esencial o transformativa en la educación a distancia.
Con solo 22% de los hogares mexicanos contando con alguna computadora, (Juárez) ‘Aprende en Casa’ no toma en cuenta que el material en línea sirve únicamente a un grupo específico de familias mexicanas. Programas de este tipo demuestran la carencia del gobierno en mantener una comunicación directa con instituciones, ONGs y familias que ahora se encuentran en desventaja (Ortega).
De cualquier manera, la consulta con corporaciones de convenio como Microsoft o Google, y las donaciones de Google for Education o YouTube a la SEP han sido claves para adquirir metodologías educativas más creativas que sus antecesores (Ornelas). Aunque las secciones de la población más marginadas tardarán en responder a tal vanguardia, corporaciones extranjeras y neoliberales (irónicamente) podrían ser una respuesta para traer reacción gubernamental.
En vez de escalar la discusión política que rodea el juicio en pro o en contra del trato de la actual administración hacia el coronavirus, la educación en México (Ortega) debe ser puesta en primer plano de las agendas de mandatarios y medios de comunicación. La responsabilidad que recae en las autoridades mexicanas para enfrentar este desafío a la educación pública debe ser balanceada con la cooperación ciudadana.
De cualquier manera, sí es responsabilidad del gobierno de otorgar a la educación pública con una agenda inclusiva e informada de los límites de las iniciativas en línea (Mireles). Atravesar por una pandemia mundial ha demostrado las debilidades del sistema educativo mexicano: alrededor de un 15 por ciento de escuelas carecen electricidad, y alrededor del 35 por ciento no cuentan con computadoras (Cortez).
Asimismo, el 49% de las viviendas sin acceso a internet están concentradas en siete estados, incluido Chiapas con solo 25% de acceso (Islas). Los gobiernos estatales deben tomar responsabilidad y asegurarse de tratar con sus poblaciones adecuadamente, a través de programas tanto de salud como educativos. A pesar de que se hará una evaluación diagnóstica de los programas gubernamentales puestos en efecto (Gobierno), las implicaciones que tengan estos resultados dependen de las decisiones que se tomen sobre el confinamiento y los métodos elegidos para continuar la educación a distancia en los próximos meses (Guzmán). Es así como la manera de abordar la educación puede cambiar la perspectiva de la población sobre las prioridades de su gobierno y el entendimiento de la misma; es decir, que su diversidad de su usuarios se extendería al mismo tiempo que el derecho a la educación.
Sin dudas, los efectos del coronavirus ya son más que visibles en industrias mexicanas como el turismo o el comercio; es cuestión de tiempo que la brecha de inequidad educativa se vea afectada. De manera legal, el sector más pobre podría estancarse en conocimientos básicos, mientras que la clase media podría aprovechar esta oportunidad como una opción de movilidad social (Ornelas).
Como tal, la desigualdad se prolonga gracias al sistema educativo que existe. Si falta acceso a educación básica debido a su método en línea, toda una generación podría permanecer inculta (Cortez). Mientras la Secretaría de Educación Pública colabora en planear la reapertura de escuelas y se desarrolla un plan de currículo con UNICEF, (Kelly) la formulación de políticas futuras debe expandir el número y la apariencia de plataformas a distancia para llegar a una comunidad más diversa (Juárez).
Por ejemplo, el principal dispositivo para acceder el internet del 93% de mexicanos es el smartphone (Islas); no obstante, no hay una iniciativa gubernamental aún en lugar que cubra este campo de la tecnología tan concurrido por millones de ciudadanos con diversos trasfondos económicos. Si deseamos que México avance durante y después de esta pandemia, la educación de la próxima generación no solo debe ser pensada creativamente, también equitativamente.
