¿Qué tan seguido nos ponemos a pensar en que las nuevas políticas y proyectos que los gobiernos proponen cada año para el desarrollo, sean accesibles para todos? Se ha vuelto común que, cada vez que se convocan a nuevas elecciones, las personas exigen a los candidatos que se propongan medidas ante las problemáticas que usualmente son las que se encuentran presentes, tales como: acrecentar la tasa de empleo, que se considere mayor inversión en educación o soluciones para mejorar las condiciones económicas.
Por lo general, estas propuestas pretenden centrarse en velar por el desarrollo “colectivo”, mas no se tiene en consideración que las condiciones en las que se brindan estas oportunidades, sean igualitarias para quienes no cuentan con la misma situación física o cognitiva que una persona promedio.
Como consecuencia, estamos pretendiendo avanzar de manera acelerada sin tener en cuenta que existe un sector cuyas necesidades carecen de consideración para el resto de la población. Esto se ve reflejado en los datos brindados por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que estiman que el 70% de personas con discapacidad en Latinoamérica no cuenta con un empleo. Adicionalmente, se le suman cifras alarmantes brindadas por la UNESCO, que estima que entre el 70 y 80 por ciento de los niños con discapacidad no tiene acceso a educación, y solo 1 de cada 20 termina secundaria.
En un ambiente carente de infraestructura accesible, de información y de educación igualitaria, donde aún predomina la discriminación; las oportunidades que una persona con discapacidad tiene para desarrollarse, son excesivamente bajas.
A pesar de que este tema no encabece la lista de problemas de interés por parte de los gobiernos, realmente genera un conjunto de consecuencias adyacentes que afectan directamente a la economía colectiva. Asimismo, gran parte de los aspirantes a representantes, se han olvidado que la inclusión social no engloba solamente un área, sino todos y cada uno de los aspectos de la gobernanza.
De esta manera, las consecuencias de lo anteriormente mencionado, se han visto reflejadas en situaciones que se volvieron comunes en la actualidad. Por ejemplo, en una familia de clase media con un hijo o hija en estas condiciones, nace la necesidad de que uno de los padres se vea en la obligación de renunciar a su trabajo para poder cuidarlo, o que uno de los miembros tenga que abandonar sus estudios para ingresar al mercado laboral de manera anticipada con la finalidad cubrir los gastos excedentes que se generan ante esta situación. Como consecuencia, se incrementan las probabilidades de desempleo y la dificultad de acceso a la educación, no solo en la persona afectada, sino también en su entorno cercano.
Todavía siguen siendo carentes las medidas tomadas en la mayoría de los países de América Latina, pero algunos otros como Chile han ido adaptando políticas con el fin de contribuir a la solución de esta problemática, un claro ejemplo es la Ley sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, aceptada en el año 2010, esto ha permitido que se incremente la oferta de instituciones de educación superior inclusiva; y al mismo tiempo, el contar con una ley que respalda sus derechos, brinda facilidades legales para solicitar con base, recursos en el planteamiento de nuevos proyectos orientados a propuestas de solución para formar un sistema económico, educativo, social y laboral adaptado a personas con discapacidad, con el objetivo de que, de esta manera, se materialicen las promesas y propuestas en logros concretos.
Adicionalmente, tanto la tecnología como la innovación, juegan un papel indispensable en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, habitualmente, se suelen exigir mejoras en infraestructuras en los colegios, calles, instituciones o el transporte público; mas no se tienen en cuenta los espacios adaptados al desplazamiento de personas con discapacidad. En consecuencia, son pocos quienes pueden desarrollarse en estas circunstancias, a excepción de aquellos que cuentan con posibilidades económicas para suplir las costosas soluciones que se deben tomar para adaptarse a estas situaciones.
Por esto, es imprescindible plantear propuestas que aprovechen la utilidad las opciones tecnológicas que están a nuestro alcance, aún más ahora que estamos en una era de increíbles avances que pueden ser utilizados en la mitigación de la desigualdad. ¿Se imaginan que más ciudades puedan acceder a un transporte público que brinde facilidades para que personas en silla de ruedas puedan movilizarse independientemente? O más colegios que se puedan adaptar a las condiciones de quienes enfrentan discapacidades motrices o cognitivas. Incluso que, en un futuro cercano, se facilite el acceso económico a prótesis para quienes sufren de deficiencia anatómica, y de este modo, tengan mayores posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Y mucho mejor, si es que algún día pudiéramos ver a más personas que han enfrentado estas condiciones, representarnos en el Estado, para que así, lleguen a ser verdadero testimonio de que las brechas se puedan erradicar por medio de soluciones innovadoras y con la cooperación de todos en conjunto.
Seguir aceptando esta situación, significa resignarse a que, tanto las oportunidades que surgen en el país, como la situación de personas con discapacidad, se sigan encontrando en líneas paralelas que nunca lograrán cruzarse. Y también significa que no podemos autodenominarnos una "sociedad evolucionada", si es que las nuevas oportunidades que se abren paso no son accesibles para quienes cuentan con dificultades físicas que escapan de su control.
En efecto, la gobernanza será completamente efectiva cuando las oportunidades de crecimiento sean igualitarias para todos e integremos la inclusión social como parte de nuestro estilo de vida, dejando de lado la errónea perspectiva únicamente “asistencial” de la inclusión, y comenzar a desarrollar estrategias sostenibles que permitan impulsar la participación de personas con discapacidad en el crecimiento continuo de la economía, la educación y el mercado laboral. Y en especial, que nosotros comencemos a exigir el cumplimento de este derecho, como un deber obligatorio por parte del Estado hacia los ciudadanos que se enfrentan a un sinnúmero de limitaciones.
